El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), un organismo del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo, ha emitido un fallo que condena a España por la insuficiencia de la indemnización por despido improcedente, considerándola no disuasoria para los empleadores. Este pronunciamiento se produce tras una denuncia presentada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) el 18 de noviembre de 2022, que argumentaba que la legislación española vulnera la Carta Social Europea en lo que respecta a la protección de los trabajadores en caso de despido.
La decisión del CEDS se basa en el análisis de los límites máximos de indemnización establecidos por la legislación española, que, según el Comité, no son adecuados para reparar el daño sufrido por los trabajadores despedidos. En su fallo, el CEDS sostiene que la falta de una indemnización suficiente puede llevar a que los empleadores no consideren el perjuicio real que sufren los trabajadores, lo que a su vez podría resultar en despidos injustificados.
### La vulneración de derechos laborales en España
El CEDS ha señalado que la legislación española no permite a los trabajadores reclamar una indemnización que refleje el daño real sufrido en caso de despido improcedente. Esto se traduce en que la indemnización es, en muchos casos, mínima y no efectiva, lo que impide que tenga un efecto disuasorio sobre los empleadores. Esta situación es especialmente preocupante para los trabajadores temporales, quienes, según el CEDS, sufren un daño adicional debido a la naturaleza de sus contratos.
El sindicato CCOO ha argumentado que la indemnización por despido improcedente es insuficiente para compensar el daño sufrido por los trabajadores que han estado sujetos a sucesivos contratos temporales en fraude de ley. Esto es particularmente relevante en el caso de los trabajadores temporales en la Administración Pública, quienes reciben una indemnización inferior a la que les correspondería en caso de despido improcedente.
Además, el CEDS ha destacado que los tribunales españoles no están autorizados a ordenar la readmisión de un trabajador como remedio ante un despido improcedente. Esta limitación es vista como una violación de los derechos laborales, ya que impide que los jueces evalúen la idoneidad de la readmisión en función de las circunstancias específicas de cada caso. En este sentido, el CEDS ha instado a que se permita a los tribunales nacionales considerar la readmisión como una opción viable en casos de despido sin una razón válida.
### La necesidad de reformas en la legislación laboral
La reciente decisión del CEDS pone de manifiesto la necesidad de reformas en la legislación laboral española para garantizar una protección adecuada a los trabajadores. La falta de una indemnización suficiente y la imposibilidad de readmisión en casos de despido improcedente son cuestiones que deben ser abordadas para cumplir con los estándares establecidos en la Carta Social Europea.
El CEDS ha reiterado que los límites máximos de indemnización fijados por la legislación española no son suficientemente altos para reparar el perjuicio sufrido por los trabajadores en todos los casos. Esto plantea un desafío significativo para el sistema laboral español, que debe adaptarse a las exigencias de protección de los derechos laborales establecidos a nivel europeo.
La situación actual también plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas de protección laboral en España. La falta de un marco legal que garantice indemnizaciones adecuadas y la posibilidad de readmisión en casos de despido improcedente pueden desincentivar a los trabajadores a reclamar sus derechos, lo que a su vez puede perpetuar la cultura de impunidad entre los empleadores.
En este contexto, es fundamental que los legisladores españoles tomen en consideración las recomendaciones del CEDS y trabajen en la implementación de reformas que fortalezcan la protección de los derechos laborales. Esto no solo beneficiará a los trabajadores, sino que también contribuirá a crear un entorno laboral más justo y equitativo en España.
La condena del CEDS es un llamado a la acción para que se revisen y modifiquen las políticas laborales en el país, asegurando que todos los trabajadores, independientemente de su tipo de contrato, tengan acceso a una indemnización justa y a la posibilidad de readmisión en caso de despido improcedente. La protección de los derechos laborales es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática y debe ser prioritaria en la agenda política española.
