En un hecho que ha generado gran controversia y preocupación social, una familia con un bebé de menos de un año ha sido desahuciada de su vivienda en Alicante. Este desalojo, que tuvo lugar en el barrio Virgen del Carmen, ha puesto de manifiesto la creciente crisis de vivienda en la región y la falta de alternativas habitacionales para las familias vulnerables.
La familia, que había estado residiendo en la vivienda pública gestionada por la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (Evha) desde agosto de 2023, se encontró en una situación complicada tras la muerte del ocupante anterior. A pesar de que el titular del inmueble había dado su consentimiento para que la familia iniciara los trámites de subrogación del contrato de arrendamiento, el desalojo se llevó a cabo sin que se les ofreciera una solución alternativa.
### Contexto del Desalojo
El desalojo se produjo en la mañana del 5 de junio de 2025, cuando una patrulla de la Policía Nacional llegó al edificio para ejecutar la orden de desalojo. Miembros del Sindicat de Barri de Carolines se concentraron en el lugar para protestar y exigir la paralización del desalojo. A pesar de los esfuerzos de los manifestantes, los representantes del Evha, acompañados por una empresa de cerrajería, cambiaron la cerradura de la vivienda, dejando a la familia sin acceso a sus pertenencias.
La madre de la familia, India Santiago, expresó su desesperación y frustración ante la falta de respuesta institucional. «Llevamos dos años y medio viviendo en esta casa. Siempre he estado aquí. He ido al Evha, al Patronato, hemos intentado hablar con todos, pero nadie nos ha dado una solución», declaró Santiago. La familia había solicitado una renta social y no comprendía por qué no se les permitía permanecer en la vivienda, especialmente considerando su situación vulnerable.
### Reacciones y Críticas
El desalojo ha suscitado una ola de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad. Cristian Pastor, portavoz del Sindicat de Barri de Carolines, acusó al Evha de actuar como un especulador más, en lugar de cumplir con su deber de garantizar el derecho a la vivienda. «Estamos ante una administración pública que en teoría debe garantizar el derecho a la vivienda, pero actúa como un especulador más. No ha habido voluntad de diálogo», afirmó Pastor.
El concejal de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé, también se pronunció sobre el asunto, denunciando el incremento de desahucios que afectan a familias con menores en Alicante. «Ninguna sociedad digna debería permitir que una familia con un bebé en brazos y esperando otro hijo haya sido arrojada a la calle por una institución pública», expresó Copé, subrayando la responsabilidad del Evha en este caso.
Por su parte, el grupo municipal socialista criticó la escasa inversión en materia de vivienda por parte del Ayuntamiento de Alicante, que se limitó a 23.563 euros en el último año. Esta cifra representa solo el 1,76% de las inversiones reales del Patronato de Vivienda, lo que pone de manifiesto la falta de atención a las necesidades habitacionales de la población.
Además, el portavoz de Compromís, Rafa Más, anunció la interposición de una queja ante el Síndic de Greuges por la falta de convocatoria de la Mesa Antidesahucios en el Ayuntamiento de Alicante. «No están haciendo absolutamente nada para evitar los desahucios y tenemos cifras récord en la Comunidad Valenciana», afirmó Más, resaltando la urgencia de abordar esta problemática.
La situación de esta familia es un reflejo de una crisis más amplia que afecta a muchas personas en Alicante y en toda España. La falta de políticas efectivas para proteger a las familias vulnerables y garantizar el acceso a una vivienda digna es un tema que requiere atención inmediata. La comunidad y las instituciones deben trabajar juntas para encontrar soluciones que eviten que más familias se enfrenten a situaciones de desalojo y vulnerabilidad.
La historia de India Santiago y su familia es un llamado a la acción para todos aquellos que creen en el derecho a la vivienda. La presión social y la movilización comunitaria son esenciales para exigir cambios en las políticas de vivienda y garantizar que nadie sea dejado atrás en la búsqueda de un hogar seguro y estable.
