Una abogada de Alicante ha decidido llevar su caso al Tribunal Constitucional tras ser excluida de un juicio por llegar un minuto tarde. La letrada, Sara Sánchez Mollá, se encontró en una situación inesperada cuando la magistrada Francisca Bru le impidió ejercer su labor en un juicio donde representaba a la acusación. Este incidente ha generado un debate sobre el acceso a la justicia y la interpretación de la incomparecencia en los tribunales.
La controversia comenzó el 4 de junio del año pasado, cuando el juicio por un delito leve de lesiones estaba programado para las 11:40 horas en el Juzgado de Instrucción 6 de Alicante. Sánchez Mollá llegó a las 11:41 horas, un minuto y veinte segundos después de la hora señalada. A pesar de su intento de acceder a la sala junto a su clienta, el personal del juzgado le impidió la entrada, alegando su incomparecencia. Este hecho fue considerado por la abogada como una violación de su derecho a la tutela judicial efectiva.
La magistrada Bru, quien se jubilará en breve, es conocida por haber presidido casos de gran relevancia, incluyendo el juicio por el asesinato de María del Carmen Martínez, que fue anulado por el Tribunal Supremo debido a irregularidades. En este contexto, la decisión de la jueza de no permitir la entrada de Sánchez Mollá ha sido calificada de «irracional y carente de fundamento jurídico» por la abogada, quien argumenta que el retraso de un minuto es un tiempo aceptable en el contexto judicial.
Sánchez Mollá ha presentado su queja ante varias instancias, incluyendo el Decanato del Palacio de Justicia de Benalúa y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero hasta ahora no ha recibido el apoyo esperado. En su recurso al Tribunal Constitucional, la abogada destaca que el retraso no debería haber llevado a la exclusión de su participación en el juicio, especialmente cuando existen precedentes que permiten un margen de tiempo razonable para la llegada de los abogados.
La abogada ha documentado su relato con pruebas, incluyendo grabaciones de las cámaras de seguridad del juzgado y testimonios de testigos presenciales, como el decano del Colegio de la Abogacía de Alicante, Ignacio Gally. En su queja, Sánchez Mollá enfatiza que la decisión de la magistrada no solo afectó sus derechos como profesional del derecho, sino que también vulneró los derechos de su clienta a un juicio justo.
La cronología de los eventos es clara: el juicio comenzó a las 11:41:45 y finalizó a las 11:42:09, lo que indica que la magistrada optó por despachar el caso de manera rápida, sin considerar las pruebas que podrían haber influido en la decisión final. La abogada argumenta que la sentencia se basó en un único motivo, lo que resulta inadmisible dado que había pruebas objetivas que debieron ser consideradas.
La situación ha generado un debate más amplio sobre la administración de justicia en España y la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un juicio justo, independientemente de circunstancias menores como un retraso. La abogada ha solicitado que el Tribunal Constitucional revise el caso y devuelva el proceso al momento en que se produjo la exclusión, permitiendo que el juicio sea juzgado nuevamente por otro magistrado.
Sánchez Mollá ha expresado su deseo de que se haga justicia, independientemente del resultado final del juicio. Su caso pone de relieve la importancia de la equidad en el sistema judicial y la necesidad de que las decisiones de los jueces se basen en principios de justicia y no en interpretaciones estrictas que pueden llevar a la indefensión de las partes involucradas. La abogada espera que su recurso sea admitido y que se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro, protegiendo así los derechos de todos los ciudadanos ante la ley.
