El debate sobre los derechos de conciliación en el ámbito político ha cobrado protagonismo en Alicante, donde Manolo Copé, portavoz de EU-Podemos, ha decidido llevar su caso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Esta decisión surge tras una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 que respaldó la decisión del alcalde, Luis Barcala, de excluir a Copé de participar y votar en un pleno municipal debido a su permiso por guarda con fines de acogimiento. La resolución, emitida el 30 de septiembre, ha sido considerada por la coalición como una violación de los derechos fundamentales de participación política, consagrados en el artículo 23.2 de la Constitución Española.
La coalición argumenta que la decisión del alcalde no solo afecta a Copé, sino que también desincentiva la corresponsabilidad familiar entre los cargos públicos. En este sentido, el grupo municipal ha manifestado que «el ejercicio de los derechos de conciliación no puede ser motivo para privar de voz y voto a un concejal elegido democráticamente». La apelación presentada por Copé sostiene que no existe una norma que permita la suspensión del mandato representativo de un cargo público por ejercer un derecho de conciliación, lo que pone de relieve la necesidad de revisar las normativas actuales que rigen la participación de los concejales en situaciones de permiso.
### La interpretación del Derecho en el ámbito político
El recurso de apelación presentado por EU-Podemos destaca un error en la interpretación del Derecho por parte del juzgado, que ha aplicado criterios laborales a una situación que, según la coalición, es de naturaleza política y jurídica. La defensa de Copé argumenta que la democracia no debe penalizar el cuidado de los menores, sino que debe protegerlo. Esta afirmación resuena con fuerza en un contexto donde la conciliación entre la vida laboral y familiar es un tema de creciente relevancia en la sociedad actual.
La apelación también menciona que existen reglamentos en otras localidades que permiten la participación de concejales en permisos de maternidad o paternidad. Por ejemplo, el Reglamento del Ayuntamiento de Madrid y el de Benidorm contemplan la posibilidad de intervención y voto telemático durante estos permisos. Esto plantea la pregunta de por qué Alicante no ha adoptado medidas similares, lo que podría ser un paso hacia la modernización de las instituciones y la igualdad de género en la política.
La coalición ha solicitado al TSJ que se pronuncie sobre la compatibilidad entre los derechos familiares y el ejercicio de la representación política, un tema que podría sentar un precedente importante no solo para Alicante, sino para otras localidades en España. La defensa de Copé enfatiza que lo que está en juego es el derecho de cualquier representante público a cuidar de su familia sin ser apartado de sus funciones, un principio que debería ser fundamental en una democracia moderna.
### Implicaciones para la igualdad de género en la política
La situación de Manolo Copé no solo es un caso aislado, sino que refleja un problema más amplio en la política española en relación con la conciliación familiar y la igualdad de género. La exclusión de un concejal por ejercer su derecho a cuidar de un menor puede tener repercusiones significativas en la representación política de las mujeres y hombres que enfrentan situaciones similares. La falta de políticas adecuadas que permitan a los cargos públicos conciliar su vida personal y profesional puede resultar en una menor participación de personas en la política, especialmente de aquellas que tienen responsabilidades familiares.
La coalición EU-Podemos ha manifestado su compromiso de luchar por la igualdad real en las instituciones y ha afirmado que este caso es un ejemplo de cómo la política puede y debe adaptarse a las necesidades de la sociedad actual. La defensa de Copé subraya que la democracia debe ser inclusiva y que todos los representantes públicos deben tener la oportunidad de ejercer sus funciones sin temor a ser penalizados por cuidar de sus familias.
En este contexto, la apelación presentada por EU-Podemos ante el TSJ no solo busca revertir la decisión del alcalde, sino también establecer una doctrina clara que proteja el derecho de los representantes públicos a ejercer sus funciones durante los permisos de conciliación familiar. Este asunto es crucial para avanzar hacia una política más equitativa y moderna, donde la conciliación no sea vista como un obstáculo, sino como un derecho que debe ser garantizado.
La lucha de Manolo Copé es, por tanto, un reflejo de una necesidad más amplia de cambio en la política española, donde la conciliación y la corresponsabilidad familiar deben ser parte integral de la estructura política y administrativa. La resolución de este caso podría tener un impacto duradero en la forma en que se gestionan los permisos de conciliación en el ámbito político, promoviendo una mayor igualdad de oportunidades para todos los representantes públicos.
