El Ayuntamiento de Alicante se encuentra en una situación complicada tras haber superado en más de 29 millones de euros el límite establecido por el Gobierno en la regla de gasto del año anterior. Esta situación ha llevado a la administración local, encabezada por el alcalde Luis Barcala, a implementar un Plan Económico Financiero para los años 2025 y 2026, que afectará directamente a la ciudadanía. La decisión más significativa que se ha tomado es la anulación de la rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que se había prometido para el próximo año, aunque se mantendrá una bonificación del 5% que fue aprobada en 2019.
La Junta de Gobierno Local se reunió de manera extraordinaria para abordar este asunto, y el concejal de Hacienda, Toni Gallego, ha sido claro al afirmar que las inversiones previstas para este año no se verán comprometidas. Sin embargo, el plan de ajuste fiscal implica que la administración local deberá confiar en un incremento de los ingresos para equilibrar las cuentas. Gallego ha reconocido que el gasto computable en el presupuesto de 2024 superó el límite establecido, lo que ha llevado a esta situación de incumplimiento.
La cifra de 29.630.489 euros que se ha excedido incluye también infracciones en organismos autónomos, como el Patronato Municipal de la Vivienda y el de Educación Infantil, lo que agrava aún más la situación. Esta realidad ha generado un malestar considerable entre los miembros del partido Vox, que habían pactado la rebaja del IBI como parte de su acuerdo con el Partido Popular para la aprobación de los presupuestos de 2025. La anulación de esta medida ha sido interpretada como un ataque a sus votantes y a la ciudadanía en general, quienes esperaban un alivio fiscal en los próximos años.
**Impacto en la ciudadanía y en los acuerdos políticos**
La decisión de anular la rebaja del IBI ha generado tensiones dentro del gobierno municipal. Los ediles de Vox han expresado su descontento, manteniendo conversaciones acaloradas con el equipo de gobierno a las puertas del consistorio. Este desacuerdo pone de manifiesto las dificultades que enfrenta la coalición entre el PP y Vox, especialmente en un contexto donde las elecciones municipales de 2027 se acercan. La falta de cumplimiento de la regla de gasto y la consiguiente necesidad de un plan de ajuste parcial han dejado a Vox en una posición incómoda, ya que su promesa de reducir la carga fiscal a sus votantes no podrá cumplirse antes de los próximos comicios.
La propuesta de Toni Gallego, que ahora debe ser aprobada por el Pleno municipal, establece que no habrá disminuciones en los tipos impositivos ni en las tarifas de los impuestos municipales durante los ejercicios 2025 y 2026. Además, se anticipa que se implementarán ligeros incrementos en algunas tasas, como la de los servicios de grúa y el estacionamiento de vehículos, lo que podría generar un descontento adicional entre los ciudadanos que ya enfrentan una carga fiscal elevada.
**El futuro fiscal de Alicante**
El Plan Económico Financiero que se ha presentado busca equilibrar las cuentas del Ayuntamiento a través de un aumento en la recaudación, confiando en que los ingresos crecerán en los próximos años. Sin embargo, esta estrategia ha sido cuestionada por algunos analistas, quienes advierten que depender de un incremento en los ingresos puede ser arriesgado, especialmente en un contexto económico incierto. La falta de medidas concretas para reducir el gasto o mejorar la eficiencia en la administración pública podría llevar a una situación aún más complicada en el futuro.
La anulación de la rebaja del IBI y la implementación de un plan de ajuste fiscal son solo algunos de los desafíos que enfrenta el Ayuntamiento de Alicante. La gestión de las finanzas públicas en un entorno de creciente presión fiscal y expectativas ciudadanas es un tema delicado que requerirá un enfoque cuidadoso y estratégico. A medida que se acerca el ciclo electoral, será crucial para los partidos políticos encontrar un equilibrio entre la necesidad de cumplir con las normativas fiscales y la promesa de aliviar la carga fiscal de los ciudadanos.
La situación actual en Alicante es un recordatorio de la importancia de una gestión fiscal responsable y de la necesidad de que los gobiernos locales se adhieran a las reglas establecidas para evitar consecuencias negativas para la ciudadanía. La forma en que se maneje esta crisis fiscal podría tener un impacto significativo en la percepción pública de los partidos en el poder y en su capacidad para mantener el apoyo electoral en el futuro.
