La ciudad de Alicante se encuentra en medio de un intenso debate sobre la regulación de los alojamientos turísticos, tras la reciente baja de más de 6,000 pisos turísticos ilegales. Esta acción es parte de una serie de inspecciones que buscan abordar el crecimiento desmedido de este tipo de alojamiento, que ha generado preocupaciones sobre la presión que ejercen sobre las infraestructuras municipales y la identidad vecinal. La propuesta del gobierno municipal, liderado por el alcalde Barcala, busca ampliar la suspensión de licencias para bloques de alojamiento turístico, una medida que deberá ser aprobada por la comisión de Urbanismo y posteriormente por el pleno del ayuntamiento.
La moratoria actual, que se implementó en diciembre de 2024, se basa en un informe técnico que advierte sobre el «desequilibrio urbano» causado por los bloques de apartamentos turísticos. Este informe destaca que la capacidad alojativa de estos bloques ha aumentado de 573 plazas en 2018 a casi 2,400 en 2025, lo que representa un crecimiento exponencial en menos de una década. La ciudad de Alicante ahora alberga el triple de bloques turísticos en comparación con València, lo que ha llevado a la necesidad de una regulación más estricta.
### Impactos negativos de los bloques turísticos
El informe técnico detalla varios impactos negativos que los bloques turísticos han tenido en la ciudad. Uno de los principales problemas es la pérdida de suelo residencial, ya que el uso de propiedades para fines turísticos ha desplazado el uso residencial permanente. Esto ha generado una «mutación funcional del tejido urbano», donde el uso característico del suelo residencial se ve alterado, comprometiendo la disponibilidad de vivienda para los residentes.
Además, la presión sobre los servicios públicos es considerable. Los bloques turísticos operan con índices de ocupación mucho más altos que las viviendas habituales, lo que incrementa el consumo de recursos básicos como agua y energía. Se estima que el consumo medio de agua en una vivienda turística es de 443 litros diarios, lo que representa un uso significativamente mayor que el de una vivienda convencional. Esta situación está generando una presión adicional sobre los recursos hídricos y energéticos de la ciudad, especialmente en áreas con alta densidad de alojamientos temporales.
Otro efecto preocupante es la transformación del tejido social en los barrios. La alta rotación de visitantes en estos bloques ha llevado a un aumento del ruido, fiestas y una percepción creciente de inseguridad. Los residentes han comenzado a experimentar conflictos en la movilidad y el uso del espacio público, lo que afecta negativamente su calidad de vida. La falta de una planificación integral para estos alojamientos ha contribuido a que se conviertan en un actor principal en el fenómeno de la turistificación en Alicante.
### Medidas legales y la respuesta del gobierno
Ante esta situación, el gobierno municipal ha decidido implementar medidas legales para abordar el problema. La propuesta de suspensión de licencias no solo busca regular los bloques turísticos, sino también prevenir la elusión de las restricciones a través de otras modalidades de alojamiento, como pensiones y albergues turísticos. Estas opciones no estaban incluidas en la moratoria anterior, lo que ha llevado a la recomendación de su inclusión en futuras regulaciones para evitar que se utilicen como atajos legales.
La base legal de la propuesta permite a la administración suspender licencias para facilitar el estudio y la reforma del planeamiento urbano. Esta suspensión no implica una prohibición definitiva de ningún uso, sino que se considera una medida cautelar justificada por los principios de necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, esta medida no afectará a las licencias ya concedidas ni a las declaraciones responsables registradas, aunque sí impedirá nuevos permisos para la construcción o transformación de inmuebles residenciales con uso turístico.
La concejala del PSOE, Trini Amorós, ha criticado la falta de gestión del alcalde Barcala en materia de vivienda, argumentando que esta medida llega tarde para garantizar un equilibrio entre la vivienda residencial y el alojamiento turístico. Amorós ha señalado que el grupo socialista había propuesto previamente un estudio para identificar los barrios con alta concentración de apartamentos turísticos, pero su propuesta fue rechazada. Según ella, la situación actual es un reflejo de la incapacidad del gobierno municipal para anticiparse a los problemas y gestionar adecuadamente el crecimiento del turismo en la ciudad.
A medida que Alicante continúa enfrentando los desafíos de la turistificación y la regulación de los alojamientos turísticos, la implementación de estas nuevas medidas será crucial para preservar la calidad de vida de sus residentes y garantizar un desarrollo urbano sostenible.