La playa de Babilonia en Guardamar del Segura ha sido testigo de un acontecimiento significativo que ha generado controversia y preocupación entre los residentes y los propietarios de negocios locales. El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el derribo de dos emblemáticos restaurantes chiringuito, el Jaime Playa y el Miramar, que han sido parte del paisaje costero durante más de tres décadas. Este proceso de demolición, que comenzó el 2 de junio de 2025, ha suscitado un intenso debate sobre la aplicación de la Ley de Costas y la preservación del patrimonio local.
**El Contexto del Derribo**
La decisión de derribar estos chiringuitos se basa en la falta de concesión del dominio público marítimo-terrestre. Según el Ministerio, esta acción forma parte de un plan más amplio que incluye alrededor de 60 derribos programados para septiembre, con el objetivo de restaurar la playa a su estado original. La situación ha sido complicada, ya que los propietarios de los restaurantes han intentado recurrir a la justicia para evitar la demolición, argumentando que sus concesiones estaban vigentes y que se habían acogido a excepciones de la ley.
El Restaurante Jaime Playa, que cerró abruptamente el viernes anterior al derribo, había estado en funcionamiento durante más de 30 años, ofreciendo un servicio apreciado por los veraneantes. La gerente del establecimiento, Rebeca Pérez, ha expresado su frustración, señalando que la decisión del Ministerio ha dejado a varios empleados sin trabajo en plena temporada alta. A pesar de los esfuerzos de la familia propietaria por negociar una solución, el derribo se llevó a cabo sin esperar la resolución judicial.
**Conflictos Legales y Administrativos**
La situación se complica aún más por la falta de respuesta de la Administración a las solicitudes de prórroga de concesiones por parte de los propietarios de las casas y chiringuitos. Muchos de estos edificios tienen un valor histórico y arquitectónico significativo, y sus propietarios argumentan que han sido tratados de manera injusta en comparación con otras zonas del litoral donde se han permitido prórrogas. La Ley de Costas, que busca garantizar el acceso público a las playas, se ha convertido en un punto de fricción entre los intereses de los concesionarios y la necesidad de la Administración de cumplir con la normativa.
Los propietarios han llevado su caso a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, pero han perdido en ambas instancias. La Administración ha declarado que las concesiones han sido extinguidas, lo que ha llevado a la decisión de proceder con los derribos. Esta postura ha generado un sentimiento de injusticia entre los afectados, quienes consideran que la ley no se aplica de manera equitativa en todas partes.
**Impacto Ambiental y Social**
El derribo de estos chiringuitos no solo tiene implicaciones económicas para los empleados y propietarios, sino que también plantea preguntas sobre la gestión del litoral y el impacto ambiental. La Asociación de Vecinos de Babilonia ha advertido que la regresión de la playa es un problema que no se puede resolver únicamente con la demolición de edificaciones. Según estudios realizados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, la regresión de la costa ha sido un fenómeno continuo desde 1940, exacerbado por el cambio climático y la falta de aportes de sedimentos del río Segura.
Los vecinos argumentan que la construcción de un dique en 1995 ha alterado el flujo natural de sedimentos, contribuyendo a la erosión de la playa. A pesar de las justificaciones de la Administración para restaurar la playa, muchos consideran que la solución debe incluir una gestión más efectiva del litoral, en lugar de simplemente demoler estructuras existentes.
**Perspectivas Futuras**
Con el derribo de los chiringuitos, se espera que se recuperen aproximadamente 600 metros de playa, lo que podría cambiar la dinámica del turismo en la zona. Sin embargo, la comunidad local se enfrenta a un futuro incierto. El Ayuntamiento de Guardamar está considerando si solicitar a Costas que mantenga el vial actual o que permita una conexión más directa entre la playa y las dunas.
La situación en Guardamar del Segura es un microcosmos de un debate más amplio sobre la gestión del litoral en España. A medida que el cambio climático continúa afectando las costas, la tensión entre la conservación del patrimonio y la necesidad de acceso público a las playas seguirá siendo un tema candente. La comunidad local, los propietarios de negocios y la Administración deben encontrar un equilibrio que respete tanto la ley como la historia y la cultura de la región.
