Alicante vive una emergencia habitacional real y creciente: 850 familias siguen inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda, sin acceso real a una vivienda asequible. Mientras tanto, el Patronato Municipal de la Vivienda dejó sin ejecutar 1.611.232 euros del presupuesto de 2025. Esto no es solo un fallo administrativo: es un indicador de que las políticas públicas no están llegando a quienes más las necesitan.
El dinero asignado no se traduce en viviendas construidas
El presupuesto aprobado para vivienda no es una cifra simbólica: es una promesa concreta de inversión. Pero en 2025, más de 1,6 millones de euros destinados a vivienda pública no se gastaron. Ese dinero podría haber financiado decenas de viviendas de alquiler asequible o rehabilitaciones urgentes en barrios como San Blas.
Esto ocurre en un contexto de escasez real: el parque de viviendas protegidas en Alicante representa menos del 5 % del total, muy por debajo de la media nacional. Y no se trata de falta de fondos, sino de capacidad ejecutiva: la gestión, la planificación y la coordinación entre áreas municipales (Urbanismo, Hacienda, Vivienda) no están alineadas.
¿Qué significa ‘no ejecutar el presupuesto’?
No es lo mismo que ‘no tener dinero’. Significa que el Ayuntamiento no lanzó licitaciones, no firmó convenios, no activó subvenciones o no resolvió trámites burocráticos a tiempo. En términos prácticos: el dinero se devolvió al Tesoro Municipal y no se convirtió en techos reales.
El modelo de promoción privada no garantiza acceso real
El gobierno municipal apuesta por el Plan Vive de la Generalitat, que permite construir viviendas en suelo público, pero con adjudicación directa a promotores privados. El problema no es el instrumento en sí, sino su aplicación: sin cláusulas estrictas de control de precios, plazos de entrega o criterios sociales de adjudicación, el resultado puede ser viviendas que no llegan a los demandantes reales.
El caso de la promoción en la calle Ceuta —en el barrio de San Blas— ejemplifica esta tensión: terrenos municipales, financiación pública, pero con dudas sobre transparencia y priorización de necesidades reales frente a intereses particulares.
¿Qué es el Plan Vive?
Es un programa de la Generalitat Valenciana que facilita la cesión de suelo público a promotores, a cambio de que destinen un porcentaje de las viviendas a régimen de alquiler asequible o protección oficial. Pero su eficacia depende de vigilancia municipal activa, no de mera delegación.
La herencia de Les Naus sigue marcando la política de vivienda
La polémica promoción ‘Les Naus’ no es solo un episodio aislado: es un síntoma de un modelo que prioriza la velocidad de ejecución sobre la transparencia y la equidad. Allí, viviendas protegidas fueron adjudicadas a cargos municipales y sus familiares, erosionando la confianza en los mecanismos de acceso justo.
Hoy, esa desconfianza se traduce en baja participación ciudadana en procesos de selección, rechazo a listas de espera sin criterios claros y desinversión social en barrios con mayor necesidad.
¿Qué es una adjudicación opaca?
Es cuando no se publican públicamente los criterios de selección, no se auditan los perfiles de los adjudicatarios ni se garantiza que cumplan los requisitos de renta, composición familiar o antigüedad en la lista. Eso socava la legitimidad del derecho a la vivienda.
El marco normativo exige acción, no inacción
La Ley de Vivienda de la Generalitat (2023) y la Ley Estatal de Vivienda (2023) obligan a los ayuntamientos a elaborar Planes Municipales de Vivienda con metas anuales, indicadores de seguimiento y mecanismos de participación ciudadana. Alicante aún no ha aprobado uno vinculante. Además, la normativa exige que al menos el 30 % de las nuevas promociones en suelo público sean de régimen de alquiler asequible —y que su gestión esté bajo control público, no privado.
La inacción no es neutra: implica incumplimiento de obligaciones legales y pérdida de acceso a fondos europeos como los del Programa NextGenerationEU, que exigen planes aprobados y ejecutados para liberar ayudas.
Lo esencial en 3 puntos
- 1,6 millones de euros sin ejecutar no son ‘ahorros’: son viviendas que no se construyeron y familias que siguen en lista de espera.
- El Plan Vive solo funciona si el Ayuntamiento impone y fiscaliza cláusulas sociales —no si delega todo en promotores.
- La emergencia habitacional exige planes municipales obligatorios, transparencia real en adjudicaciones y recuperación de la confianza ciudadana tras casos como Les Naus.
