Una alicantina lleva más de un año con la cuenta bancaria bloqueada, sin poder domiciliar recibos ni acceder a su dinero, tras haberse acogido a la moratoria hipotecaria del covid. El Banco de España ha sancionado a Caja Rural por aplicar una mala praxis: cobrar de golpe 50 cuotas acumuladas sin negociar ni respetar el periodo de carencia. Esto no es un caso aislado: miles de familias siguen sufriendo consecuencias legales y financieras por errores en la reliquidación de sus préstamos, a pesar de que la medida fue diseñada como un escudo social.
La moratoria no era un perdón, sino un aplazamiento con reglas claras
La moratoria hipotecaria del covid fue una medida temporal aprobada por el Gobierno de España en 2020, durante el estado de alarma. Su objetivo era proteger a las personas en situación de vulnerabilidad económica por la pandemia.
No suponía la cancelación de la deuda, sino un aplazamiento controlado de las cuotas. Las entidades financieras estaban obligadas a:
- Suspender los cobros durante el periodo acordado (hasta 9 meses en muchos casos).
- No aplicar intereses de demora por las cuotas aplazadas.
- No exigir el pago íntegro al finalizar la moratoria.
- Ofrecer opciones de reliquidación justa: prorrateo de las cuotas pendientes o ampliación del plazo del préstamo.
Estas reglas estaban recogidas en la Ley 11/2020, que modificó la Ley de Crédito Inmobiliario para garantizar la protección del consumidor.
El cobro masivo de cuotas acumuladas es una mala praxis sancionada
Cuando la alicantina finalizó su periodo de carencia, Caja Rural no le envió nuevos recibos ni le informó de cómo se reestructuraría su deuda. En su lugar, tras un supuesto error informático, la entidad le exigió de golpe más de 50 cuotas —equivalentes a más de cuatro años de pagos— sin previo aviso ni negociación.
El Banco de España, como supervisor bancario, determinó que esto violaba los principios de transparencia, buena fe y proporcionalidad exigidos por la normativa. La entidad no cumplió con su deber de informar y asesorar antes de activar el cobro, ni ofreció alternativas viables.
Esto no es un fallo técnico aislado: es una mala praxis sistémica, que afecta a personas que ya atravesaban dificultades económicas y que, tras la moratoria, se encontraron con una nueva crisis financiera por decisión unilateral del banco.
La falta de negociación bloquea el acceso a servicios básicos
El impacto va más allá del mero pago de la hipoteca. Al no regularizarse la deuda, la entidad bloqueó la cuenta bancaria de la afectada. Esto impide:
- Domiciliar recibos de luz, agua o alquiler.
- Recibir nóminas o prestaciones sociales.
- Realizar pagos electrónicos cotidianos.
La mujer debe ahora acudir a ventanilla para cada transacción, lo que supone una vulneración indirecta de su derecho al acceso a servicios financieros básicos, reconocido en la Ley de Servicios de Pago y reforzado por la Directiva Europea PSD2.
Este tipo de consecuencias revelan cómo una mala gestión bancaria puede derivar en exclusión financiera, especialmente en zonas rurales o con menor acceso a asesoramiento jurídico especializado.
Lo esencial en 3 puntos
- La moratoria hipotecaria del covid era un aplazamiento reglado, no una condonación: las cuotas se debían reestructurar, no cobrarse de golpe.
- Las entidades están obligadas a informar, negociar y ofrecer soluciones personalizadas antes de reclamar deudas acumuladas tras la moratoria.
- El bloqueo de cuentas por impago no resuelto es una práctica abusiva sancionable por el Banco de España y puede dar lugar a reclamaciones por daños y perjuicios.
El caso de la alicantina sigue abierto. Su abogada, Encarnación Obdulia Martínez, ha presentado una reclamación formal ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Mientras tanto, el Banco de España mantiene abierta una línea de supervisión especial para revisar cómo las entidades están gestionando las reliquidaciones post-moratoria. Según datos oficiales, más de 120.000 familias aún no han completado este proceso, y al menos un 18 % ha denunciado prácticas similares a la descrita. La normativa sigue vigente, y los derechos de los consumidores no caducan con el tiempo: lo que se debió hacer bien en 2022, aún se puede exigir en 2026.
