En Alicante, una exconcejala de Urbanismo quiere vender su vivienda protegida en Les Naus. Pero no puede hacerlo como cualquier propietario. Su piso está sujeto a normas especiales que priorizan el interés público sobre el privado. Esto afecta a miles de familias que accedieron a una vivienda con ayudas públicas. Si tú o alguien cercano tiene una vivienda protegida, entender estos mecanismos es clave para evitar sorpresas legales, retrasos o incluso la pérdida del derecho a vender.
El derecho de tanteo no es una opción: es una obligación legal
Cuando una persona adquiere una vivienda protegida, acepta condiciones que limitan su libertad de disposición. Una de ellas es el derecho de tanteo: la administración o entidades autorizadas pueden comprarla antes que cualquier particular, y al mismo precio que el propuesto por un comprador privado.
Este derecho no surge de la nada. Está previsto en la Ley de Vivienda de la Generalitat Valenciana y en los convenios entre administraciones. En el caso de Les Naus, el Ayuntamiento de Alicante recibió formalmente esos derechos mediante un convenio firmado en marzo de 2026 con la Conselleria de Vivienda.
El tanteo no es una mera formalidad. Es un mecanismo de control para garantizar que las viviendas con ayudas públicas sigan cumpliendo su función social: ofrecer alojamiento asequible a familias con ingresos limitados.
La renuncia de la cooperativa no cierra la puerta al Ayuntamiento
Antes de que el Ayuntamiento pueda actuar, debe haber una renuncia expresa de otras entidades con derecho preferente. En este caso, la cooperativa promotora fue la primera en tener la oportunidad. En su asamblea del 30 de junio, los socios decidieron renunciar al tanteo.
Sin embargo, su decisión no fue transparente: según declararon sus representantes ante las Cortes, no sabían que la operación involucraba a Rocío Gómez. Solo recibieron un número de socia. Esto pone de manifiesto una debilidad operativa común: la falta de identificación clara de los propietarios en los trámites internos.
Pero esa renuncia no anula el proceso. Al contrario: abre la puerta al siguiente nivel de tanteo, que ahora corresponde al Ayuntamiento de Alicante, gracias al convenio con la Generalitat.
¿Qué debe hacer el Ayuntamiento ahora?
- Evaluar si la vivienda sigue cumpliendo los requisitos de protección (plazo de permanencia, uso efectivo, etc.).
- Verificar que el precio propuesto por el comprador privado no supera el precio máximo de venta fijado por la Conselleria.
- Comprobar que el posible comprador cumple los requisitos económicos y patrimoniales, como ingresos máximos y ausencia de otra vivienda en propiedad.
- Decidir, en plazo legal, si ejerce o no su derecho de adquisición.
El convenio con la Generalitat cambia las reglas del juego
Hasta marzo de 2026, el derecho de tanteo sobre viviendas protegidas en Alicante correspondía principalmente a la Generalitat. Pero con el nuevo convenio, ese poder se transfirió al Ayuntamiento. La intención es clara: reforzar el parque público de vivienda y evitar la pérdida de stock protegido por ventas a inversores o familias con mayores recursos.
Este cambio no es solo administrativo. Tiene impacto directo en los ciudadanos: ahora el Consistorio puede intervenir más rápido, con criterios locales y con mayor capacidad de gestión. Pero también implica una mayor responsabilidad. Si el Ayuntamiento no responde en plazo o actúa de forma opaca, se generan incertidumbres legales y desconfianza ciudadana.
¿Qué pasa si el Ayuntamiento no decide a tiempo?
Si no notifica su decisión dentro del plazo legal (habitualmente 30 días desde la solicitud formal), se entiende que renuncia tácitamente al tanteo. Entonces, la venta podría avanzar con el comprador privado —siempre que cumpla todos los requisitos y obtenga la autorización final de la Conselleria.
Lo esencial en 3 puntos
- El derecho de tanteo obliga a ofrecer la vivienda protegida primero a la administración o cooperativa, no a particulares.
- La renuncia de una entidad (como la cooperativa) no anula el proceso: el derecho pasa al siguiente nivel, en este caso al Ayuntamiento de Alicante, gracias a un convenio vigente.
- Vender una vivienda protegida requiere autorización previa, verificación de ingresos del comprador y respeto al precio máximo fijado por la Conselleria, no al valor de mercado.
El caso de Rocío Gómez no es aislado. Cada año, cientos de propietarios en la Comunitat Valenciana inician procesos similares. Lo que lo hace relevante es su condición de exresponsable de Urbanismo en un escenario marcado por la polémica sobre la gestión de vivienda protegida. Esto refuerza la necesidad de transparencia, coherencia normativa y control ciudadano sobre los mecanismos que protegen el acceso a la vivienda.
