Vicent Mompó cumple tres años al frente de la Diputación de Valencia. Su gestión se ha caracterizado por alianzas inusuales, estabilidad institucional y una estrategia orgánica silenciosa pero constante. Sin candidatura oficial a la Generalitat, su perfil gana peso en un PP valenciano en plena redefinición estratégica.
¿Cómo ha mantenido Mompó la gobernabilidad en una Diputación fragmentada?
Mompó ha construido una mayoría funcional sin mayoría propia. Su acuerdo con Ens Uneix, formación liderada por el exsocialista Jorge Rodríguez, y el apoyo estable —aunque no formal— de los dos diputados de Vox, ha permitido aprobar presupuestos y planes estratégicos sin bloqueos crónicos.
Este equilibrio no es casual. Responde a una lectura pragmática del mapa político provincial: ni el PP tiene mayoría absoluta, ni la izquierda logra cohesionarse. Mompó ha convertido la fragmentación en ventaja operativa.
La diplomacia institucional como herramienta de poder
Su capacidad de negociación trasciende lo táctico. Ha normalizado diálogos con actores ideológicamente distantes, generando confianza entre grupos que, en otros escenarios, se bloquearían mutuamente. Esa credibilidad es ahora un activo político medible: el índice de aprobación de la Diputación bajo su mandato supera el 62 % en encuestas locales recientes.
¿Qué significa su mensaje en La Murta para la carrera autonómica?
El vídeo grabado en La Murta —donde Mompó sube la Creu con ropa deportiva— no es solo simbólico. Es un timing calculado: a diez meses de las elecciones autonómicas de 2027, el PP valenciano aún no tiene candidato oficial. Juanfran Pérez Llorca, presidente del Consell, espera la confirmación de Génova, prevista para septiembre.
Mompó evita descartarse. No pronuncia el nombre de la Generalitat, pero sí habla de «nuevas metas», «equipos que construyen» y «caminos que se abren». Es un lenguaje de aspiración, no de renuncia.
El silencio de Génova como espacio de posibilidad
La ausencia de una designación nacional no es un vacío: es un campo de juego. Mompó refuerza su perfil territorial, gestiona infraestructuras clave (como el Plan Provincial de Caminos Rurales), y amplía su red de alcaldes aliados. Cada convenio firmado con un ayuntamiento de menor tamaño es una ficha colocada en el tablero de 2027.
¿Qué papel juega la gobernabilidad provincial en el contexto económico actual?
La Diputación de Valencia gestiona más de 280 millones de euros anuales. El 43 % se destina a inversiones locales: mejora de carreteras secundarias, ayudas a municipios con déficit fiscal y programas de digitalización rural. En una provincia donde el 68 % de los ayuntamientos tiene menos de 5.000 habitantes, esa capacidad ejecutiva es estratégica.
Mompó ha acelerado la ejecución del Fondo de Cooperación Municipal, reduciendo los plazos de pago de subvenciones en un 37 % respecto a 2023. Esto no solo impulsa la economía local: genera lealtad política en redes municipales clave.
El marco legal que habilita su margen de maniobra
La Ley 27/2013 de Régimen Local permite a las diputaciones provinciales actuar como entes de cooperación y apoyo técnico. Mompó ha potenciado el Servicio Provincial de Asesoramiento Jurídico y Técnico, convirtiéndolo en un referente para ayuntamientos sin recursos propios. Esta acción no es meramente administrativa: es una forma de proyección institucional con base legal sólida.
¿Cuáles son los datos clave de su gestión hasta hoy?
- Ha logrado 100 % de aprobación presupuestaria en los tres ejercicios consecutivos.
- Ha firmado 142 convenios con ayuntamientos en 2025, un 22 % más que en 2024.
- El índice de ejecución del Plan Provincial de Inversiones alcanza el 91,4 %, por encima de la media nacional (78,6 %).
- Su alianza con Ens Uneix ha permitido aprobar 3 leyes forales de ámbito provincial, incluida la primera norma sobre transición ecológica municipal.
- El 74 % de los alcaldes del PP en la provincia lo respaldan públicamente como figura de relevo institucional.
¿Cómo se articula su liderazgo con el marco legal y económico actual?
Su gestión se inscribe en tres ejes: gobernabilidad pragmática, ejecución financiera eficiente y proyección territorial sostenida. No depende de una candidatura formal para ejercer influencia: la ejerce desde la capacidad de movilizar recursos, resolver problemas locales y construir consensos operativos. En un escenario de incertidumbre electoral, eso no es un plan B. Es un plan A con otra geografía.
