Compromís avanza con una querella por falso testimonio contra Vicent Mompó, presidente de la Diputació de València, tras sus declaraciones ante la jueza de la causa de la dana de 2024. La coalición alega que sus versiones contradicen pruebas documentales y testimonios de otros cargos, como la alcaldesa de Torrent. El caso no es solo político: tiene consecuencias penales reales, impacto en la confianza institucional y repercusiones económicas en la gestión de fondos europeos para la reconstrucción.
¿Qué es el falso testimonio y por qué puede acarrear cárcel?
El falso testimonio está tipificado en el artículo 458 del Código Penal español. Se comete cuando una persona, siendo testigo en un procedimiento judicial, afirma falsamente hechos o niega la verdad de los mismos.
No basta con un error o una confusión. La ley exige dolo específico: saber que se miente y hacerlo con intención de influir en la resolución del caso.
La pena varía entre tres y seis años de prisión si el falso testimonio altera gravemente la investigación. En este caso, la jueza ha señalado que existen «abundantísimas pruebas» que desmienten las declaraciones de Mompó sobre las reuniones en el Cecopi, lo que refuerza la gravedad del presunto delito.
¿Qué pruebas contradicen su versión?
- Grabaciones y actas del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que registran advertencias sobre el barranco del Poyo.
- Declaración de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, quien afirmó haber alertado a Mompó a las 18:00 del día de la dana.
- Correos electrónicos y mensajes internos que mencionan Forata y el riesgo hidrológico en tiempo real.
¿Puede un cargo institucional ser juzgado por mentir en sede judicial?
Sí. La inmunidad parlamentaria o funcional no protege contra delitos cometidos como testigo. Mompó declaró como testigo, no como acusado ni como funcionario en ejercicio de sus funciones. Su condición de presidente de la Diputació no lo exime de responsabilidad penal por falso testimonio.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara: la obligación de decir la verdad ante un juez es absoluta, independientemente del cargo.
¿Qué ocurre si se archiva la querella?
Compromís no es parte acusadora directa en la causa principal de la dana. Su querella es una acción penal particular. Si el juez la admite a trámite, se abre una nueva investigación paralela. Si se archiva, no impide que la Fiscalía inicie actuaciones de oficio si considera que hay indicios suficientes.
¿Cómo afecta este caso a la gestión pública tras la dana?
La credibilidad de las autoridades locales es clave para la asignación de fondos de reconstrucción. La Comisión Europea y el Ministerio de Política Territorial exigen transparencia y trazabilidad en el uso de los 1.200 millones destinados a la Comunitat Valenciana tras la dana.
Un proceso por falso testimonio en una causa relacionada con la gestión de emergencias socava la confianza en los mecanismos de control y puede retrasar la aprobación de proyectos.
¿Qué dice el marco legal sobre la coordinación en emergencias?
El Plan Territorial de Protección Civil de la Comunitat Valenciana obliga a los responsables locales a informar de forma inmediata y veraz sobre riesgos inminentes. El silencio o la omisión deliberada en el Cecopi podría constituir, además de falso testimonio, una infracción administrativa grave o incluso un delito de omisión del deber de socorro.
¿Qué implica la dimisión exigida por Compromís?
La exigencia de dimisión no tiene base legal automática. No existe una norma que obligue a un presidente de Diputación a abandonar su cargo por ser querellado. Sin embargo, el Código de Conducta Ética de los Cargos Electos de la Generalitat establece que deben actuar con integridad y responsabilidad pública. Una querella por falso testimonio, especialmente en un caso de catástrofe con víctimas, genera una presión ética insostenible.
Datos Clave
- El artículo 458 del Código Penal castiga el falso testimonio con penas de 3 a 6 años de prisión.
- La jueza ha señalado «abundantísima prueba» que contradice las declaraciones de Mompó en el Cecopi.
- La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, declaró haber alertado a Mompó a las 18:00 del día de la dana.
- El caso afecta la gestión de 1.200 millones de euros de fondos europeos para la reconstrucción post-dana.
- No existe inmunidad para testigos: los cargos públicos pueden ser juzgados por falso testimonio como cualquier ciudadano.
