El escándalo de Les Naus ha sacudido la gestión municipal de Alicante. Revelado por INFORMACIÓN, el caso implica irregularidades en la adjudicación de vivienda protegida, falta de transparencia y demoras en la actuación institucional. Este artículo explica los hechos, las responsabilidades, el marco legal aplicable y su impacto económico y social.
¿Qué es el escándalo de Les Naus y por qué afecta a la gestión municipal?
El caso Les Naus se refiere a una presunta adjudicación irregular de viviendas protegidas en un edificio municipal. Las denuncias señalan que se vulneraron los criterios de acceso, prioridad y publicidad exigidos por la Ley de Vivienda 8/2021 y el Reglamento de Vivienda Protegida de la Comunidad Valenciana.
La investigación inicial reveló que al menos tres viviendas fueron asignadas sin cumplir los requisitos de renta, residencia o situación de vulnerabilidad. Además, no se publicaron los listados de adjudicatarios ni se garantizó el derecho de alegación.
El papel del alcalde y la concejala de Patrimonio
El alcalde Luis Barcala y la concejala Nayma Beldjilali, responsable de Patrimonio, están bajo escrutinio. Beldjilali reconoció haber conocido los hechos con antelación, pero tardó 12 días en informar al alcalde. Su justificación: «Estaba esperando el informe».
Esta demora genera dudas sobre el cumplimiento del deber de información inmediata previsto en el Reglamento de Régimen Interior del Ayuntamiento de Alicante y en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, que exige actuación inmediata ante indicios de irregularidad.
¿Qué responsabilidades legales pueden derivarse del caso?
La adjudicación irregular de vivienda protegida no es solo un error administrativo. Puede configurar infracciones graves o muy graves según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCS) y la Ley de Régimen Jurídico.
Posibles consecuencias para los funcionarios implicados
- Incumplimiento del deber de probidad (art. 13.1.e) de la Ley 40/2015).
- Responsabilidad patrimonial por daño a la confianza ciudadana y al erario público.
- Derivación a la Comisión de Ética Municipal, si el reglamento interno lo prevé.
- Apertura de expediente disciplinario por negligencia grave o omisión de deberes funcionales.
¿Cómo afecta el caso al presupuesto y a la política de vivienda en Alicante?
El impacto económico va más allá del valor de las viviendas afectadas. Cada vivienda protegida adjudicada de forma irregular representa una pérdida de hasta 35.000 € en subvención estatal y autonómica, según datos de la Conselleria de Vivienda.
Además, el caso ha paralizado la convocatoria de nuevas plazas en el programa municipal de vivienda de alquiler social, retrasando el acceso de 127 familias en lista de espera.
El costo reputacional para la administración
- Pérdida de credibilidad en los procesos de transparencia.
- Reducción del índice de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11).
- Riesgo de sanción por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la CV.
¿Qué dice la ley sobre la transparencia en la adjudicación de vivienda protegida?
La Ley 19/2013 de Transparencia exige publicar, en tiempo real, los listados de adjudicatarios, los criterios de selección y los informes técnicos. El Ayuntamiento de Alicante no cumplió con esta obligación en el caso Les Naus.
Obligaciones legales clave
- Publicación en el Portal de Transparencia Municipal dentro de las 48 horas posteriores a la resolución.
- Garantía del derecho de acceso a la información (art. 15 de la Ley 19/2013).
- Respeto al principio de igualdad y no discriminación en el acceso a la vivienda.
Datos Clave
- El caso fue destapado por el medio INFORMACIÓN en junio de 2026.
- La concejala Nayma Beldjilali tardó 12 días en informar al alcalde Luis Barcala.
- Se investigan al menos 3 viviendas protegidas adjudicadas sin cumplir requisitos legales.
- El retraso afecta a 127 familias en lista de espera para alquiler social.
- La Conselleria de Vivienda podría reclamar hasta 105.000 € en subvenciones indebidas.
- El caso está bajo revisión por la Comisión de Control del Ayuntamiento y el Consejo de Transparencia de la CV.
La tridimensionalidad del caso Les Naus revela una falla sistémica: no es solo un error aislado, sino un síntoma de debilidad en los controles internos, una brecha en la rendición de cuentas y una afectación directa al derecho constitucional a la vivienda. Su resolución exigirá no solo sanciones, sino reformas estructurales en los procesos de gestión del patrimonio municipal.
