La guerra en Oriente Próximo ha elevado la factura del gas en España en 1.000 millones de euros, según Arturo Gonzalo Aizpiri, consejero delegado de Enagás. Este sobrecoste refleja una nueva realidad: las crisis geopolíticas ya no son interrupciones puntuales, sino factores estructurales de volatilidad en los mercados energéticos. España ha mantenido la seguridad de suministro, pero los precios han subido con fuerza. El sistema gasista nacional actúa como escudo para el país y para Europa, aunque no como barrera absoluta contra los costes.
¿Cuál es el impacto real de la guerra en Oriente Próximo en la factura del gas española?
El sobrecoste de 1.000 millones de euros no es una proyección teórica. Es el cálculo consolidado por Enagás tras analizar el comportamiento del mercado desde el inicio de la escalada en el Golfo. Este monto representa una presión directa sobre los consumidores finales y sobre la competitividad industrial. Además, el mercado europeo registra un impacto diario de 500 millones de euros, lo que multiplica el efecto sistémico.
El papel del sistema gasista español como amortiguador
Enagás destaca que la infraestructura nacional —con regasificadoras, almacenamientos subterráneos y interconexiones — ha evitado cortes de suministro. Esto ha permitido mantener la estabilidad operativa, aunque no ha podido contener la subida de precios. El sistema no es un aislante, sino un regulador de impacto: frena la transmisión brusca de shocks externos, pero no los elimina.
¿Cuándo volverán los precios del gas a la normalidad?
El mercado de futuros apunta a una normalización gradual entre el segundo semestre de 2027 y principios de 2028. En ese escenario, el precio del gas podría descender desde los actuales 40 euros por megavatio hora hasta los 30 euros/MWh, niveles previos a la crisis. Sin embargo, Gonzalo advierte que este pronóstico es frágil. Cualquier nuevo episodio en el Golfo Pérsico puede retrasar o revertir la tendencia.
La volatilidad como nueva constante
La previsibilidad ha desaparecido. Los modelos de precios ya no se basan solo en oferta y demanda, sino en riesgo geopolítico cuantificado. Los operadores incorporan primas de incertidumbre en cada contrato. Esto implica que incluso sin nuevas crisis, los precios operarán en una banda más alta que en décadas anteriores.
¿Por qué el hidrógeno verde es clave para la autonomía energética de Europa?
Gonzalo exige una apuesta “nítida” y acelerada por el hidrógeno verde. Critica que Europa le dé “insuficiente atención” frente a la estrategia integral que impulsa China. El hidrógeno no es un sustituto inmediato del gas, sino un vector energético estratégico para sectores difíciles de electrificar: siderurgia, química y transporte pesado.
La nota europea: 7,5 sobre 10
Aunque reconoce avances regulatorios y de inversión, Gonzalo califica la actuación de la UE como un “notable” que “puede mejorarse”. La brecha está en la velocidad de despliegue de proyectos, en la armonización de normas y en la escala de producción. Sin una masa crítica de electrolizadores y de infraestructura de transporte, el hidrógeno verde seguirá siendo marginal.
¿Qué implica este escenario para la economía y la regulación española?
La volatilidad energética ya afecta a la inflación, a la inversión industrial y a la balanza comercial. Desde el punto de vista legal, la Directiva de Mercados de Energía (EU 2023/1791) obliga a reforzar los mecanismos de coordinación entre Estados miembros ante crisis. En España, la Ley 17/2024 de Seguridad Energética exige planes de respuesta ante interrupciones prolongadas de suministro.
Datos Clave
- El sobrecoste directo en la factura del gas español asciende a 1.000 millones de euros.
- El impacto diario en el mercado europeo es de 500 millones de euros.
- La normalización de precios se espera entre segundo semestre de 2027 y principios de 2028.
- El precio objetivo de referencia es de 30 euros por megavatio hora, frente a los actuales 40 €/MWh.
- La UE obtiene una calificación de 7,5 sobre 10 en su estrategia de hidrógeno verde.
- El hidrógeno verde es prioritario para descarbonizar sectores no electrificables.
La tridimensionalidad del problema es clara: desde el contexto actual —una guerra que distorsiona mercados— hasta su impacto económico —presión sobre precios y competitividad— y su marco práctico y legal —nuevas directivas y leyes nacionales que redefinen la seguridad energética—. No se trata de una crisis aislada, sino del inicio de una nueva fase en la que la estabilidad energética depende tanto de infraestructura como de soberanía tecnológica.
