El juez Juan Carlos Peinado descartó formalmente investigar a Begoña Gómez por los contratos públicos adjudicados a empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés. La nueva providencia limita la pieza separada exclusivamente al empresario aragonés y a dos delitos: prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea. Esto aclara una confusión inicial generada por la redacción ambigua de la resolución anterior.
¿Por qué rectificó el juez Peinado?
La rectificación responde a una imprecisión técnica en la primera providencia. El encabezamiento incluía a todos los imputados del caso principal —Gómez, Álvarez y Barrabés—, aunque el contenido sustancial solo apuntaba a hechos atribuibles al empresario. El juez corrigió el error en menos de 24 horas, evitando una derivación indebida de la investigación.
El rol de la Fiscalía Europea
La apertura inicial de la pieza separada se activó tras una remisión de la Fiscalía Europea. Esta aportó documentación sobre un contrato de Red.es, vinculado al programa Acelera Pyme, financiado con fondos FEDER. La UTE adjudicataria incluía a Innova Next, empresa del grupo Barrabés, y KPMG.
¿Qué contratos están bajo escrutinio?
El foco se centra en un expediente concreto: el contrato de Red.es para la gestión del programa Acelera Pyme. Este programa tiene como objetivo acelerar la digitalización de pymes españolas. Su financiación proviene de fondos europeos, lo que exige cumplimiento estricto de la normativa de contratación pública y de gestión de fondos estructurales.
La trazabilidad de los fondos europeos
Los fondos FEDER están sujetos al Reglamento (UE) 2021/1060. Cualquier desviación en su aplicación puede configurar fraude a los intereses de la Unión Europea, delito perseguible por tribunales nacionales y europeos. La investigación analiza si hubo manipulación en la selección de la UTE o en la justificación de los gastos.
¿Qué pasa con el caso principal contra Begoña Gómez?
El procedimiento principal sigue su curso independiente. Gómez, Cristina Álvarez y Barrabés están bajo investigación por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Tras la audiencia preliminar en Plaza de Castilla, las acusaciones solicitaron medidas cautelares contra Gómez y Álvarez —pero no contra Barrabés—. Peinado aún no ha resuelto si abre juicio oral ante tribunal popular.
El impacto económico del caso
Los contratos bajo revisión movilizan millones de euros en fondos públicos y europeos. Cualquier anulación o sanción podría derivar en devoluciones, multas y reclamaciones por responsabilidad patrimonial. Además, afecta la credibilidad de los mecanismos de control en programas como Acelera Pyme, clave para la transición digital del tejido productivo español.
¿Cuál es el marco legal aplicable?
La investigación se sustenta en tres niveles normativos: el Código Penal español (artículos 404 y 405 sobre fraude y prevaricación), el Reglamento UE 2021/1060 y la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. La convergencia de estos marcos exige una evaluación técnica rigurosa de cada fase del procedimiento de contratación.
Datos Clave
- La pieza separada no incluye a Begoña Gómez ni a Cristina Álvarez.
- El objeto de la investigación es un único contrato de Red.es financiado con fondos FEDER.
- Los delitos investigados son prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea.
- La rectificación judicial se produjo en menos de 24 horas tras la primera providencia.
- El caso principal sigue abierto y pendiente de decisión sobre juicio oral.
La tridimensionalidad del caso revela su complejidad: desde el plano actual, con una rectificación judicial inusual por rapidez y claridad; pasando por el impacto económico, al involucrar fondos europeos destinados a la digitalización empresarial; hasta el marco legal, donde convergen normas nacionales y europeas con exigencias técnicas muy específicas en materia de contratación y control de fondos.
