La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez José Luis Calama la retirada del pasaporte de José Luis Rodríguez Zapatero y su sometimiento a comparecencias quincenales. La medida responde al riesgo de fuga tras su declaración como investigado en el caso Plus Ultra, el primero en la historia de la democracia española en el que un expresidente del Gobierno declara bajo esta condición.
¿Por qué se pide retirar el pasaporte a Zapatero?
El juez Calama investiga una presunta estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias vinculada al rescate público de la aerolínea Plus Ultra. La compañía recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, activado durante la pandemia. La Fiscalía considera que Zapatero actuó como eje central de una red que movilizó contactos institucionales para favorecer la operación.
El exjefe del Ejecutivo negó haber intervenido ante la SEPI, el Ministerio de Transportes o el Gobierno. También rechazó haber ejercido influencia directa o indirecta. Sin embargo, el juez lo identifica como el «vértice» de la trama, basándose en testimonios, mensajes y pagos recibidos de Análisis Relevante, sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez.
¿Qué dice la acusación popular y otros partidos?
El PP ha respaldado formalmente la petición de retirada del pasaporte y ha solicitado la prisión preventiva. Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa también han exigido prisión provisional, aunque su voz no tiene peso procesal directo al estar agrupadas bajo la representación letrada del PP.
Esto refleja una escalada inédita en la presión política sobre una investigación judicial. No se trata de una mera disputa procesal: es un indicador del impacto institucional del caso. La credibilidad del sistema de control de ayudas públicas y la percepción de impunidad en altos cargos están en juego.
¿Cuál es el marco legal aplicable?
La retirada del pasaporte se ampara en el artículo 541 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que autoriza medidas cautelares cuando existe riesgo de fuga, entorpecimiento de la investigación o reiteración delictiva. El juez Calama ha valorado indicios objetivos: capacidad económica, vínculos internacionales y ausencia de arraigo procesal.
Además, el caso se enmarca en la reforma de 2023 del Código Penal, que endureció las penas por tráfico de influencias y delitos contra la Administración Pública. La Fiscalía Anticorrupción actúa bajo el Real Decreto 1022/2022, que refuerza su autonomía en investigaciones de corrupción institucional.
¿Qué papel juegan los pagos de Análisis Relevante?
Zapatero afirmó que todos los trabajos para Análisis Relevante «han sido probados y demostrados». Pero la Fiscalía cuestiona la naturaleza real de esos servicios. No se trata de un mero conflicto de intereses: se investiga si los pagos eran contraprestación por influencia real o prometida.
¿Qué implica ser «vértice» de una estructura de tráfico de influencias?
El término no es meramente descriptivo. En jurisprudencia del Tribunal Supremo, implica responsabilidad penal directa por la dirección, coordinación y beneficio de una red sistémica. No basta con negar actos concretos: se evalúa el control sobre los flujos de información, decisiones y recursos.
Datos Clave
- La declaración de Zapatero duró tres horas y fue la primera de un expresidente como investigado en democracia.
- Plus Ultra recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas en 2020.
- La Fiscalía Anticorrupción actúa bajo el Real Decreto 1022/2022, que amplió su competencia en casos de corrupción institucional.
- El juez Calama investiga bajo el artículo 430 del Código Penal, que castiga el tráfico de influencias con penas de 2 a 6 años de prisión.
- El PP, Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa han presentado acusaciones populares unificadas, lo que agiliza la tramitación procesal.
La tridimensionalidad del caso es evidente: su contexto actual revela una crisis de confianza en los mecanismos de control de ayudas públicas; su impacto económico afecta a la percepción de transparencia en la gestión de fondos europeos y nacionales; y su marco legal pone a prueba la efectividad de las reformas anticorrupción de la última década. No se juzga solo a una persona: se está evaluando la resistencia del Estado de derecho ante presiones de alto nivel.
