El caso Les Naus ha expuesto fallas estructurales en la gestión de vivienda protegida en Alicante. La negativa del vicesecretario del Ayuntamiento, Germán Pascual, a declarar ante la comisión municipal ha activado una derivación judicial inminente. Su testimonio ahora es requerido por la magistrada Amparo Rubio, tras evidencias documentales que vinculan su intervención directa en la manipulación de informes oficiales.
¿Por qué la jueza podría citar a Germán Pascual como testigo?
La acusación particular del PSOE, ejercida por las concejalas Ana Barceló y Silvia Castell, solicitó formalmente su declaración ante el juzgado. Lo hizo tras analizar correos electrónicos incorporados a la causa. Uno de ellos, fechado el 30 de enero de 2026, confirma que Pascual instruyó a la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, para que eliminara nombres y cargos del informe técnico final.
Este documento era clave: sirvió de base para la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, presentada conjuntamente por el Ayuntamiento, el PSOE, Sumar y la Generalitat.
El informe que cambió de versión
El informe inicial incluía referencias explícitas a la falta de control del gobierno de Barcala sobre el acceso equitativo a viviendas protegidas. En su versión final, esas críticas desaparecieron. También desaparecieron los nombres de técnicos y políticos vinculados al residencial. La versión definitiva fue redactada “sin nombres ni cargos, tal cual me pediste”, según escribió Romero a Pascual.
¿Qué revelan los correos electrónicos sobre la gestión municipal?
Los mensajes electrónicos no solo prueban una intervención directa. Demuestran una coordinación operativa entre niveles técnicos y políticos para suavizar la responsabilidad institucional. El hecho de que la jefa de Patrimonio informara a Pascual sobre el avance del trabajo —y recibiera instrucciones específicas— evidencia una cadena de mando que trasciende lo administrativo.
La figura del secretario accidental
Germán Pascual lleva más de veinte años ejerciendo como secretario accidental. Su rol implica funciones de asesoramiento jurídico, supervisión de procedimientos y custodia de la legalidad interna. Que haya intervenido para modificar un informe que derivó en denuncia penal genera dudas sobre su imparcialidad y su cumplimiento del deber de objetividad.
¿Cuál es el impacto económico del caso Les Naus?
El residencial Les Naus gestionó 120 viviendas protegidas con fondos públicos. Las irregularidades detectadas —como adjudicaciones a familiares de cargos públicos y ausencia de listas de espera transparentes— podrían implicar un perjuicio económico estimado en más de 4,2 millones de euros. Ese monto incluye subvenciones estatales, ayudas autonómicas y fondos europeos del Plan de Vivienda 2022–2025.
El costo de la opacidad
Cada vivienda protegida adjudicada sin concurso público válido representa una pérdida de oportunidad para familias en lista de espera. También erosiona la confianza en los mecanismos de control del Patrimonio Municipal y en la gestión de los fondos Next Generation EU destinados a vivienda social.
¿Qué marco legal regula la conducta de los secretarios municipales?
El Real Decreto Legislativo 2/2015, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, exige a los secretarios municipales garantizar la legalidad, transparencia y publicidad de los actos. Además, la Ley 19/2013 de Transparencia obliga a publicar información sobre adjudicaciones de vivienda protegida, incluyendo criterios de selección y listas de beneficiarios.
La responsabilidad funcional
Pascual no es un político electo, sino un funcionario de carrera. Su actuación está sujeta al Estatuto de los Funcionarios Públicos. La alteración deliberada de un informe técnico para ocultar responsabilidades podría constituir una falta muy grave, sancionable con separación del servicio.
Datos Clave
- El informe final sobre Les Naus omitió nombres y cargos tras instrucción directa de Germán Pascual.
- La denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción se basó en un documento depurado de referencias institucionales.
- Más de 4,2 millones de euros en fondos públicos están bajo revisión por posibles irregularidades en las adjudicaciones.
- La magistrada Amparo Rubio evalúa la petición de declaración de Pascual como testigo, no como imputado —por ahora.
- El secretario accidental tiene obligaciones legales de imparcialidad que podrían haberse vulnerado al intervenir en un informe pericial.
La tridimensionalidad del caso Les Naus va más allá del escándalo local. Refleja una tensión sistémica entre la gestión técnica, la presión política y la vigilancia judicial. Su resolución marcará un precedente sobre cómo se aplican los controles de transparencia en la asignación de vivienda protegida en municipios con alta presión habitacional. También definirá los límites de la inmunidad funcional de los altos funcionarios ante la evidencia documental.
