Dos acusados en Alicante negaron el homicidio y atribuyeron la muerte de Fernando A. P. a un golpe de calor. Afirman haber descuartizado el cuerpo por miedo a ser acusados de negligencia. La Fiscalía calificó su versión como un «cuento». El juicio finaliza esta semana ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Alicante.
¿Puede un golpe de calor explicar una muerte sin signos forenses claros?
Los acusados alegaron que la víctima murió por hipertermia tras una jornada calurosa en junio de 2024. Sin embargo, los informes periciales no confirmaron la causa de muerte. Esa ausencia de hallazgos concluyentes no equivale a una prueba de inocencia. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.
Los forenses destacaron que la descomposición avanzada y la manipulación del cadáver dificultaron la determinación precisa. El descuartizamiento intencional altera gravemente la integridad de los tejidos y borra pistas vitales. Además, el fuego aplicado a los restos eliminó datos clave para la cronotanatología.
¿Qué revela la huella dactilar en la escena?
La identificación de la víctima se logró gracias a una huella de mano hallada en los restos. Este hallazgo fue clave para vincular los restos con Fernando A. P., vecino del barrio de Virgen del Carmen. La huella no fue producto de la descomposición ni del fuego: su presencia indica contacto directo y reciente con el cuerpo antes de la fragmentación.
¿Qué implica el descuartizamiento desde el punto de vista legal?
El descuartizamiento no es un acto neutro. En el Código Penal español, constituye un agravante de ensañamiento si se prueba intención de ocultar el crimen. Aquí, los restos aparecieron en dos localizaciones distintas: el torso en Portell de la Serreta y extremidades y cabeza en Fontcalent. Esa dispersión planificada refuerza la intención de ocultación dolosa, no de pánico momentáneo.
¿Cómo afecta el acceso a cuentas bancarias al caso?
Los acusados accedieron a las cuentas de la víctima y retiraron dinero. Este hecho no es circunstancial. La Fiscalía lo vincula directamente al móvil económico: quedarse con la vivienda y la pensión. El control financiero previo al hallazgo de los restos es un indicador de premeditación, no de reacción espontánea tras una muerte inesperada.
¿Qué papel juega la presunción de inocencia ante informes inconclusos?
Los defensores invocaron el principio de in dubio pro reo, al señalar que los informes forenses no determinaron la causa de muerte. Pero la presunción de inocencia no exime de analizar el conjunto probatorio: la dispersión de restos, el acceso a cuentas, la identificación por huella y la contradicción entre las declaraciones y los hechos objetivos.
La ley exige valorar la coherencia del relato, no solo la ausencia de una causa médica confirmada. Un relato que choca con la lógica forense y con la conducta posterior (descuartizar, quemar, dispersar, robar) pierde credibilidad ante el jurado.
¿Qué dice el marco económico del caso?
El valor del inmueble en Virgen del Carmen supera los 180.000 €. La pensión mensual de la víctima ascendía a 1.240 €. El control de esos activos generó un beneficio económico inmediato y sostenido. Ese incentivo material explica la persistencia en la ocultación y la escalada en la destrucción del cuerpo.
Datos Clave
- Los restos aparecieron en dos localizaciones distintas: Portell de la Serreta (17 de junio) y Fontcalent (22 de junio de 2024).
- La identificación se logró mediante una huella de mano intacta, no alterada por la descomposición ni el fuego.
- Los acusados accedieron a cuentas bancarias y retiraron fondos antes del hallazgo de los restos.
- La Fiscalía solicita 17 años de prisión para cada acusado por homicidio con agravante de ensañamiento y robo con violencia.
- Los informes forenses no determinaron la causa de muerte, pero sí descartaron lesiones traumáticas previas al descuartizamiento.
La tridimensionalidad del caso exige mirar más allá del informe médico: el contexto actual de presión por vivienda en Alicante, el impacto económico del control de una pensión y un inmueble, y el marco legal que castiga la ocultación deliberada como agravante. La ciencia forense no opera en vacío: su interpretación depende de la coherencia con los hechos objetivos, no solo de la ausencia de datos.
