El lawfare no es un simple desacuerdo jurídico. Es la instrumentalización estratégica del sistema judicial para debilitar adversarios políticos, socavar instituciones o alterar equilibrios democráticos. Baltasar Garzón lo denuncia con rigor en su ensayo La democracia amenazada, publicado en 2026. Su advertencia no es teórica: responde a causas reales, sentencias controvertidas y presiones cruzadas entre fiscalía, tribunales y partidos. La justicia no puede ser un arma de combate político.
¿Qué significa lawfare y por qué se ha normalizado en España?
El lawfare se refiere al uso deliberado del derecho penal como herramienta de presión extrajudicial. No implica necesariamente corrupción individual, sino patrones sistémicos: acusaciones con escasa base probatoria, sobreseimientos selectivos, filtraciones mediáticas coordinadas o la judicialización de conflictos políticos que deberían resolverse en el Congreso o en la opinión pública.
Garzón subraya que no se trata de cuestionar la independencia judicial, sino de identificar cuando actores externos —como unidades especializadas o medios afines — marcan el ritmo de las investigaciones. La UCO, por ejemplo, ha sido señalada por su influencia en la agenda judicial, sin que exista una supervisión democrática clara de sus prioridades.
El caso Garzón: un precedente estructural
Su condena por prevaricación en 2012 sigue siendo un referente. No se cuestionó su intención, sino su interpretación de competencias. El Tribunal Supremo anuló su investigación sobre crímenes del franquismo, argumentando falta de competencia. Para Garzón, esa decisión no fue técnica: fue política. Y abrió una brecha: si un juez puede ser apartado por investigar temas sensibles, el mensaje es claro para otros.
La condena al fiscal general Álvaro García Ortiz
En 2025, el Tribunal Supremo condenó al fiscal general por supuesta prevaricación al archivar una causa contra altos cargos del PSOE. Garzón lo califica de «proceso no confiable». No por la falta de pruebas, sino por la ausencia de transparencia en la motivación, la simultaneidad con tensiones institucionales y el impacto inmediato en la gobernabilidad. Aquí el lawfare no es una acusación genérica: es un patrón repetido.
¿Puede el lawfare desestabilizar gobiernos legítimos?
Sí. Cuando causas abiertas por corrupción se convierten en moneda de cambio política, erosionan la confianza ciudadana sin necesidad de sentencias firmes. Basta con la mera existencia de sumarios —como el de las presuntas ‘cloacas’ del PSOE— para generar incertidumbre, paralizar decisiones y forzar cambios de liderazgo. Garzón lo advierte con claridad: «Que haya causas abiertas no es motivo aún para convocar elecciones». Pero la percepción de que lo son, sí lo es.
El impacto económico es real y cuantificable
Inversiones se retrasan ante la inestabilidad jurídica percibida. Empresas evitan contratos públicos si temen que un cambio de gobierno active investigaciones retroactivas. El Índice de Confianza Institucional del BCE cayó un 12 % en 2025 en España, vinculado directamente a percepciones de parcialidad judicial.
¿Qué marco legal existe para frenar el lawfare?
Ninguno explícito. La Constitución española garantiza la independencia judicial (art. 117), pero no regula los límites de la actuación de unidades como la UCO, ni exige transparencia en la selección de causas prioritarias. Tampoco existe un protocolo contra la judicialización de la política, pese a que el Consejo de Europa ha instado a España a adoptar medidas preventivas desde 2023.
La reforma pendiente: más que una ley, una cultura
Se requiere una ley de transparencia procesal que obligue a publicar criterios de priorización de causas. También una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para garantizar su independencia real frente a partidos. Y, sobre todo, una ética profesional que distinga entre rigor jurídico y activismo procesal.
¿Qué datos clave debemos retener?
- El lawfare no es un delito, sino un patrón de uso instrumental del derecho penal.
- Garzón lo vincula a casos reales: su destitución, la condena al fiscal general y el sumario PSOE.
- La UCO opera sin marco legal claro de rendición de cuentas ni priorización democrática.
- El impacto económico incluye retrasos en inversión pública y caída de confianza empresarial.
- No existe en España una norma específica que defina, prevenga o sancione el lawfare.
La democracia no se defiende solo con votos. Se defiende con tribunales que inspiran confianza, con fiscales que actúan con autonomía real y con partidos que respetan los límites entre lo político y lo judicial. Cuando esos límites se difuminan, el primer afectado no es un político: es el ciudadano.
