En abril de 2025, los Servicios de Información de la Guardia Civil emitieron una advertencia formal sobre una red interna que operaba para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO). El documento, titulado ‘Posibles estrategias de defensa ante investigaciones de la UCO’, identificaba a Santos Cerdán como líder de la trama y señalaba que Mercedes González, entonces directora general, tenía conocimiento de la operación. No se tomaron medidas. El informe quedó archivado hasta que el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, lo aportó al sumario de la Audiencia Nacional en mayo de 2026.
¿Qué reveló el informe interno del 29 de abril de 2025?
El documento no era especulativo. Era una evaluación técnica de riesgos operativos. Detectó una campaña coordinada para socavar la credibilidad de los mandos de la UCO antes de que se conociera el caso fontanera. Los autores identificaron a Leire Díez, a colaboradores de Koldo García, y a otros actores del entorno del PSOE. La finalidad era clara: influir en causas sensibles vinculadas al Gobierno y al partido en el poder.
El rol de Santos Cerdán
Cerdán no aparecía como figura secundaria. El informe lo señalaba como coordinador operativo de la red. Su perfil —exfuncionario con acceso a canales institucionales— permitía articular presión sobre medios, redes y estructuras administrativas. Su imputación posterior no fue una sorpresa para los servicios de inteligencia interna.
¿Por qué no se actuó tras la advertencia?
El informe fue remitido a la superioridad el 29 de abril. El 12 de mayo, Yuste envió una segunda nota reforzando la gravedad del hallazgo. Aun así, el Ministerio del Interior no activó protocolos de investigación interna ni notificó a la Fiscalía Anticorrupción. La inacción se prolongó más de un año. Esto no solo evidencia una falla en los mecanismos de control interno, sino también una posible vulnerabilidad institucional ante presiones políticas.
La parálisis administrativa
No hubo sanción, ni traslado, ni auditoría. Tampoco se reforzó la protección de los agentes de la UCO. La ausencia de respuesta oficial convirtió la advertencia en un documento simbólico: visible, pero inoperante. Esa inercia alimentó la percepción de impunidad y debilitó la confianza en los controles de integridad del Cuerpo.
¿Qué implica el conocimiento previo de la directora general?
Que Mercedes González no ignoraba la existencia de la red. El informe no dice que participara, pero sí que tenía conocimiento de una estrategia agresiva contra una unidad clave de investigación. En el marco del Código de Conducta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el deber de actuación ante riesgos para la integridad institucional es inmediato y obligatorio.
El marco legal aplicable
La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad exige lealtad institucional y neutralidad política. El Reglamento de Régimen Disciplinario prevé sanciones por omisión grave ante conductas que afecten a la credibilidad del Cuerpo. El conocimiento sin respuesta puede configurar una responsabilidad funcional.
¿Cuál es el impacto económico y político actual?
La revelación ha generado una crisis de confianza en los órganos de control interno. Empresas de seguridad privada vinculadas a exagentes han visto caer sus contratos con administraciones locales. El sector de consultoría jurídica especializada en compliance ha registrado un aumento del 37 % en demandas de auditorías éticas desde mayo de 2026. Además, el Parlamento ha reactivado la comisión de investigación sobre la independencia de las unidades anticorrupción.
Datos Clave
- El informe del 29 de abril de 2025 fue incorporado al sumario de la Audiencia Nacional en mayo de 2026.
- Rafael Yuste, exjefe de la UCO, entregó el documento tras una solicitud formal de los investigadores.
- La campaña se dirigía específicamente contra causas sensibles vinculadas al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE.
- No se activó ningún protocolo interno del Ministerio del Interior tras la recepción del aviso.
- El documento identifica a Leire Díez y a Koldo García como figuras centrales en la difusión de la estrategia de descrédito.
- La existencia de la red se confirmó antes de que se conociera públicamente el caso fontanera.
- El conocimiento por parte de la directora general activa interrogantes sobre el cumplimiento del deber de protección de la integridad institucional.
