La situación de los presos de ETA en España ha sido un tema de debate constante en los últimos años, especialmente en el contexto de las políticas penitenciarias del Gobierno vasco. Con un total de 107 reclusos asociados a la banda terrorista, solo 40 de ellos permanecen en régimen cerrado, lo que ha generado una serie de reacciones tanto a favor como en contra de las medidas adoptadas para su progresión hacia la semilibertad. Este artículo explora las implicaciones de estas decisiones, así como las reacciones de diferentes sectores de la sociedad.
La progresión de los presos de ETA hacia regímenes menos restrictivos ha sido facilitada por la aplicación de los terceros grados, una medida que permite a los reclusos salir de prisión durante ciertas horas del día. Según la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), esta es la fórmula más común utilizada para que los reclusos accedan a la semilibertad. En 2025, el Gobierno vasco ha aprobado alrededor de 20 progresiones, aunque no todas han sido bien recibidas. Cuatro de estas decisiones han sido recurridas por la Fiscalía, lo que refleja la tensión existente entre las instituciones y la sociedad civil sobre cómo manejar el legado del terrorismo en el país.
La controversia se intensifica cuando se considera que muchos de estos presos no muestran signos de arrepentimiento por sus acciones. La asociación Covite ha criticado duramente lo que considera «terceros grados fraudulentos», argumentando que muchos de estos reclusos siguen siendo reivindicados por la izquierda abertzale, lo que plantea preguntas sobre la efectividad de la reinserción social y el verdadero propósito de estas medidas. En este sentido, la crítica se centra en la percepción de que el Gobierno vasco, bajo la dirección del PNV y ahora del PSE, está facilitando la salida de estos reclusos de manera que podría vaciar las cárceles de ETA en un futuro cercano, algo que muchos consideran inaceptable.
### La Flexibilización del Régimen Penitenciario
Una de las medidas más polémicas implementadas por el Gobierno vasco es la flexibilización del segundo grado, que permite a los presos salir de la cárcel durante unas horas al día. Esta medida se basa en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que establece condiciones específicas bajo las cuales un recluso puede disfrutar de este tipo de permisos. Los expertos señalan que esta flexibilización es un paso previo al acceso al tercer grado, y se aplica a aquellos que no cumplen con todos los requisitos necesarios para obtenerlo.
El uso de medidas telemáticas también ha aumentado, permitiendo a los reclusos cumplir parte de su condena fuera de la prisión, siempre que se mantengan dentro de ciertos límites geográficos. Esta práctica ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad y la percepción pública de la justicia, ya que muchos ciudadanos sienten que se está otorgando un trato preferencial a aquellos que han cometido delitos graves.
El Gobierno vasco defiende estas medidas argumentando que la mayoría de los reclusos ya se encuentran en la última parte de sus condenas. De hecho, muchos de ellos están siendo liberados tras haber cumplido sus penas. Sin embargo, la percepción de que estos reclusos están siendo tratados con indulgencia ha llevado a un aumento de la tensión entre las autoridades y la sociedad civil, que exige una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de estos casos.
### Reacciones de la Sociedad Civil y las Instituciones
Las reacciones a las políticas de progresión de los presos de ETA han sido diversas. Por un lado, hay quienes apoyan la idea de que la reinserción social es un objetivo válido y necesario, argumentando que todos los individuos tienen derecho a una segunda oportunidad. Sin embargo, este argumento se enfrenta a la dura realidad de las víctimas del terrorismo, que a menudo sienten que se les ignora en el proceso de toma de decisiones.
Las asociaciones de víctimas, como Covite y DyJ, han sido vocales en su oposición a las políticas actuales, argumentando que la falta de arrepentimiento de muchos de los reclusos debería ser un factor determinante en la evaluación de su progresión. Estas organizaciones han instado a las autoridades a reconsiderar sus políticas y a garantizar que las decisiones sobre la libertad de los presos de ETA se tomen con un enfoque más centrado en las víctimas y en la justicia.
Por otro lado, algunos sectores de la sociedad argumentan que la reinserción es un componente esencial de un sistema penitenciario moderno y que la mayoría de los reclusos, independientemente de sus crímenes, deben tener la oportunidad de reintegrarse en la sociedad. Este enfoque se basa en la idea de que el castigo no debe ser el único objetivo del sistema penitenciario, sino que también debe incluir la rehabilitación y la reintegración.
La situación de los presos de ETA es un tema complejo que refleja las tensiones entre la justicia, la memoria histórica y la necesidad de avanzar hacia una sociedad más pacífica. A medida que las políticas continúan evolucionando, será crucial que se mantenga un diálogo abierto y honesto entre todas las partes involucradas, para garantizar que se respeten tanto los derechos de los reclusos como las necesidades de las víctimas y la sociedad en su conjunto.
