En un contexto donde la publicidad digital se ha convertido en el pilar fundamental de la economía de muchas empresas, la reciente demanda presentada por más de ochenta medios de comunicación españoles contra Meta, la empresa matriz de Facebook, ha captado la atención de la opinión pública y de expertos en derecho. Este caso, que se desarrolla en los tribunales españoles, pone de manifiesto las tensiones entre las plataformas tecnológicas y los medios de comunicación tradicionales, en un momento en que la protección de datos y la competencia leal son temas candentes.
**El Origen del Conflicto**
La disputa legal comenzó en diciembre de 2023, cuando la Asociación de Medios de Información (AMI) presentó una demanda contra Meta, acusando a la compañía de competencia desleal. Los medios alegan que Meta ha infringido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) al utilizar datos personales de los usuarios sin su consentimiento explícito para la venta de publicidad digital. Este aspecto es crucial, ya que el RGPD establece que las empresas deben obtener el consentimiento de los usuarios antes de procesar sus datos con fines publicitarios.
Durante la primera vista del juicio, que tuvo lugar el 1 de octubre de 2025, se escucharon las declaraciones de varios directivos de Meta, quienes defendieron la postura de la empresa. Afirmaron que, aunque los datos personales son importantes, la clave del éxito de su modelo publicitario radica en cómo se procesan esos datos y en la eficacia de su algoritmo para ofrecer anuncios relevantes a los anunciantes. Esta defensa ha generado un debate sobre la ética y la legalidad de las prácticas de publicidad digital en la actualidad.
**Las Estrategias de Meta y la Respuesta de los Medios**
Los directivos de Meta argumentaron que la publicidad en sus plataformas, como Facebook e Instagram, se basa en un sistema de subasta que no siempre favorece al que más paga. En su lugar, el algoritmo de Meta considera varios factores, como la calidad del anuncio y la probabilidad de interacción del usuario. Esta afirmación ha sido recibida con escepticismo por parte de los medios, quienes sostienen que la segmentación de audiencias que realiza Meta les permite acumular ingresos significativos a expensas de la industria de la comunicación.
Nicolás González-Cuéllar, abogado de AMI, recordó durante la audiencia que Meta había admitido previamente que no solicitaba el consentimiento de los usuarios para el uso de sus datos. Esta admisión ha sido un punto clave en la argumentación de los medios, quienes consideran que la falta de consentimiento es una violación directa de la legislación europea sobre protección de datos. Por su parte, Cecilia Álvarez-Rivera, directora de Política de Privacidad en Europa de Meta, defendió que la compañía opera dentro de los límites de la ley, asegurando que todos los datos recopilados son pertinentes y que no se comparten con terceros.
El magistrado Teodoro Ladrón Roda, quien preside el caso, recordó la importancia de la jurisprudencia en torno a la recopilación y uso de datos personales, haciendo referencia al caso Schrems, que ha sentado precedentes sobre la protección de datos en Europa. Este recordatorio subraya la relevancia de la legislación en el contexto actual, donde las grandes plataformas tecnológicas operan en un entorno global y a menudo escapan a la regulación local.
**El Impacto en el Mercado Publicitario**
El mercado de la publicidad digital ha crecido exponencialmente en los últimos años, y las plataformas tecnológicas han capturado una parte significativa de la inversión publicitaria. Según un estudio reciente, cuatro de cada diez euros invertidos en publicidad en 2023 fueron destinados a plataformas como Meta, Google y Amazon. Este fenómeno ha llevado a los medios de comunicación a sentir que están en desventaja en un mercado que se vuelve cada vez más competitivo y desigual.
Irene Lanzaco, directora general de AMI, enfatizó que este caso no solo es una cuestión empresarial, sino que también involucra la protección de los derechos de los ciudadanos europeos. La explotación de datos sin consentimiento plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la transparencia en el entorno digital. Lanzaco argumentó que la defensa de un mercado digital justo y transparente es esencial para garantizar la pluralidad informativa y la viabilidad de los medios frente a los gigantes tecnológicos.
A medida que el juicio avanza, se espera que la sentencia se dicte en un plazo de 20 días hábiles tras la finalización de las sesiones. Este caso podría sentar un precedente importante en la regulación de la publicidad digital y el uso de datos personales, marcando un hito en la relación entre los medios de comunicación y las plataformas tecnológicas. La resolución de este conflicto no solo afectará a las partes involucradas, sino que también tendrá repercusiones en la forma en que se gestionan los datos y se lleva a cabo la publicidad en el futuro.
