La reciente llegada de Cristina García al área de Participación Ciudadana en Alicante ha desatado una ola de críticas y descontento entre diversas asociaciones vecinales. La concejala, quien asumió el cargo tras la remodelación del gobierno local, ha sido acusada de silenciar las voces de los residentes y de incumplir sus derechos. Este conflicto ha llevado a tres asociaciones vecinales, PAU 1-Juan Pablo II, PAU 2-San Blas y Parque del Mar, a registrar un escrito formal ante el Ayuntamiento, manifestando su descontento con la gestión de García y solicitando una asamblea vecinal urgente.
Las quejas de los colectivos se centran en la percepción de que la concejala ha instaurado una «dinámica autoritaria» en la Junta de Distrito 3, donde se han cambiado las normas de participación que antes permitían a los vecinos expresar sus inquietudes. Según los portavoces de las asociaciones, en reuniones recientes, se les ha negado la palabra en temas que habían solicitado previamente, lo que ha generado un clima de exclusión y división. Esta situación contrasta con la gestión anterior, donde se respetaba el turno de preguntas y se fomentaba el diálogo entre los representantes vecinales y el Ayuntamiento.
Las asociaciones han expresado su preocupación por el hecho de que la concejala, además de presidir la Junta de Distrito, ha tomado decisiones que consideran perjudiciales para la participación ciudadana. En su escrito, los colectivos reclaman medidas inmediatas para asegurar una comunicación transparente y la revisión de la continuidad de Cristina García en su cargo. La situación se complica aún más con la denuncia de irregularidades en el proceso de sustitución de un vocal en la Junta, que, según los vecinos, debería haberse realizado mediante votación y no por libre designación.
### La Reacción de las Asociaciones Vecinales
Las asociaciones vecinales han tomado una postura firme ante lo que consideran un ataque a sus derechos de participación. En su escrito, subrayan que el derecho a participar en los asuntos públicos está amparado por la Constitución Española y que la actual gestión de la concejala está vulnerando este principio fundamental. La exigencia de una asamblea vecinal urgente refleja la necesidad de un espacio donde los residentes puedan expresar sus preocupaciones y propuestas sin temor a ser silenciados.
Los portavoces de las asociaciones han denunciado que la actitud de García no solo afecta a la dinámica de la Junta de Distrito, sino que también crea un ambiente de desconfianza entre los vecinos y el Ayuntamiento. La falta de diálogo y la percepción de un trato desigual entre las entidades han llevado a un aumento del malestar, lo que podría tener repercusiones en la cohesión social de la comunidad.
Además, la denuncia de irregularidades en el proceso de nombramiento de un vocal en la Junta de Distrito ha añadido un nuevo elemento de tensión. Las asociaciones han impugnado este nombramiento, argumentando que se ha incumplido el Reglamento Orgánico Municipal, que establece que la designación de representantes debe realizarse mediante votación entre las asociaciones registradas. Esta situación ha llevado a los colectivos a exigir la anulación del nombramiento y la convocatoria de un proceso electoral para garantizar la participación democrática en la Junta.
### Implicaciones para la Participación Ciudadana
La controversia en torno a la figura de Cristina García pone de manifiesto la importancia de la participación ciudadana en la gestión pública. Las Juntas de Distrito, como espacios de representación vecinal, deben ser lugares donde se escuchen y atiendan las inquietudes de los residentes. La percepción de que estas instancias están siendo coartadas puede tener un impacto negativo en la confianza de los ciudadanos hacia sus representantes.
El papel de la concejala de Participación Ciudadana es crucial para fomentar un ambiente de diálogo y colaboración entre el Ayuntamiento y los vecinos. Sin embargo, la actual situación sugiere que se ha perdido esta conexión, lo que podría llevar a un aumento de la desconfianza y la frustración entre los ciudadanos. La gestión de Cristina García será observada de cerca por las asociaciones y los residentes, quienes esperan que se tomen medidas para restaurar la participación y el respeto a los derechos de los vecinos.
En este contexto, es fundamental que el Ayuntamiento escuche las demandas de las asociaciones y trabaje en conjunto para encontrar soluciones que beneficien a toda la comunidad. La participación ciudadana no solo es un derecho, sino también una herramienta esencial para construir una sociedad más justa y equitativa. La situación actual en Alicante es un recordatorio de que la voz de los ciudadanos debe ser siempre escuchada y respetada en el ámbito de la gestión pública.
