La reciente decisión del Tribunal Supremo de archivar la querella presentada por el PSOE contra Santiago Abascal, líder de Vox, ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto político español. La controversia surgió a raíz de unas declaraciones de Abascal en diciembre de 2023, donde sugirió que el pueblo podría querer «colgar de los pies a Sánchez», refiriéndose al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta afirmación fue considerada por el PSOE como un delito de odio, injurias y amenazas, lo que llevó a la presentación de la querella ante el alto tribunal.
El Supremo, sin embargo, ha determinado que las palabras de Abascal, aunque «descarnadas o exageradas», no constituyen un delito. En su resolución, el tribunal argumenta que no todo discurso inaceptable es penalmente relevante y que las declaraciones deben ser vistas en el contexto de la confrontación política. Esto plantea importantes cuestiones sobre la naturaleza del discurso político y la protección que debe ofrecerse a las expresiones de los representantes electos.
### La Libertad de Expresión en el Debate Político
El Tribunal Supremo ha subrayado que la libertad de expresión es un pilar fundamental en una democracia. En este sentido, los discursos de confrontación entre fuerzas políticas, incluso aquellos que pueden resultar ofensivos o provocativos, forman parte del debate público y deben ser protegidos constitucionalmente. La sala ha señalado que la crítica a la gestión del Gobierno y a sus representantes es esencial para el funcionamiento de una democracia saludable.
Los magistrados han argumentado que la intervención penal en este tipo de discursos podría llevar a un «inasumible riesgo» de excluir del debate público a aquellos que expresan opiniones adversas. Este razonamiento se basa en la premisa de que, en democracias avanzadas, los discursos que critican a los líderes y sus políticas, aunque sean duros, son necesarios para mantener un espacio de debate abierto y plural.
El tribunal también ha hecho hincapié en que la polarización política actual en España, donde se tiende a ver a los adversarios como enemigos, no debe ser resuelta a través de los tribunales. En lugar de ello, corresponde a los partidos políticos ofrecer argumentos y propuestas que mitiguen esta lógica de confrontación. La crítica a la gestión del Gobierno, incluso en términos duros, es parte del derecho a la libertad de expresión y debe ser tolerada en el marco del debate democrático.
### Contexto y Consecuencias de las Declaraciones de Abascal
Las declaraciones de Abascal se produjeron en un contexto de alta tensión política, en el que la polarización entre los diferentes partidos ha alcanzado niveles significativos. La afirmación de que el pueblo podría querer «colgar de los pies a Sánchez» fue interpretada por el PSOE como un incitamento a la violencia, lo que llevó a la presentación de la querella. Sin embargo, el Supremo ha considerado que, aunque las palabras de Abascal pueden ser vistas como provocativas, no constituyen un llamado a la violencia ni un riesgo significativo para la convivencia pacífica.
El tribunal ha señalado que para determinar si hay un delito, es necesario analizar el contexto en el que se emiten las declaraciones, así como la capacidad del autor para generar consecuencias perjudiciales. En este caso, el Supremo ha concluido que no hay evidencia suficiente para considerar que las palabras de Abascal hayan generado un riesgo real de violencia o hostigamiento hacia el PSOE o su líder.
Además, el tribunal ha recordado que el alto nivel de protección de la libertad de expresión se intensifica cuando las críticas se dirigen a figuras públicas. Esto significa que los márgenes de la crítica son más amplios en el ámbito político que en el de los ciudadanos comunes. Por lo tanto, las expresiones descalificatorias en el contexto de un debate político deben ser vistas como parte de la dinámica democrática, incluso si son consideradas ofensivas por algunos sectores.
La decisión del Supremo no solo tiene implicaciones para el caso específico de Abascal, sino que también establece un precedente importante para el futuro del discurso político en España. La protección de la libertad de expresión en el ámbito político es esencial para garantizar un debate democrático saludable, y el tribunal ha dejado claro que las críticas, incluso las más duras, deben ser toleradas en una sociedad democrática.
En resumen, el archivo de la querella del PSOE contra Abascal resalta la importancia de la libertad de expresión en el debate político y la necesidad de mantener un espacio donde las críticas y las opiniones divergentes puedan ser expresadas sin temor a represalias legales. Este caso pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la democracia española en un contexto de creciente polarización y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad en el discurso político.
