La reciente demolición de la fachada protegida del edificio número 11 de la Calle Segura en Alicante ha desatado un intenso debate sobre la preservación del patrimonio arquitectónico en la ciudad. Este inmueble, diseñado por el renombrado arquitecto Juan Vidal en 1934, formaba parte del Catálogo de Protecciones del Ayuntamiento de Alicante, lo que debería haber garantizado su conservación. Sin embargo, la legalidad de la demolición ha sido cuestionada por diversas entidades y partidos políticos, quienes argumentan que el Ayuntamiento no ha actuado con la debida diligencia en la protección de este bien cultural.
La fachada, que representaba un ejemplo del estilo racionalista, fue demolida a pesar de su inclusión en el catálogo de edificios protegidos. La decisión de llevar a cabo esta acción se basa en una licencia tramitada en diciembre de 2019, antes de que se suspendieran las licencias de demolición en junio de 2022. Esta suspensión se implementó para evitar la desprotección de edificios que, como el de la Calle Segura, tienen un valor histórico y cultural significativo. Sin embargo, el Ayuntamiento ha defendido su decisión al señalar que la licencia fue legalmente válida en el momento de su tramitación.
El arquitecto Juan Vidal es conocido por su contribución al patrimonio arquitectónico de Alicante, habiendo diseñado otros edificios emblemáticos como la Casa Carbonell y el Palacio Provincial. La demolición de su obra ha generado críticas no solo por la pérdida de un bien cultural, sino también por la falta de acción del Ayuntamiento en la aprobación definitiva del Catálogo de Protecciones, que aún no ha sido ratificado por la Conselleria de Medio Ambiente. Esta situación ha llevado a entidades como Unir Alacant a solicitar una aceleración en el proceso de aprobación del catálogo, argumentando que la protección de la arquitectura histórica es esencial para la identidad cultural de la ciudad.
La polémica se intensifica con las declaraciones de representantes políticos. Ana Barceló, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, ha señalado que la legalidad de la licencia no justifica la demolición de un edificio que debería estar protegido. Según Barceló, la falta de acción del Ayuntamiento ha permitido la pérdida irreversible de un bien cultural, lo que plantea serias dudas sobre la ética y la legitimidad de la decisión tomada. La portavoz ha enfatizado que la identidad arquitectónica de Alicante es un recurso turístico y económico que debe ser preservado.
Por otro lado, entidades como Salvem el Nostre Patrimoni han expresado su descontento con la decisión de demoler la fachada, argumentando que no tiene sentido permitir la demolición de un edificio que figura en un catálogo de protección. Desde Alicante Vivo, se ha lamentado que la aplicación de las normativas refleje una falta de sensibilidad hacia la conservación del patrimonio. Estas críticas resaltan la necesidad de un enfoque más riguroso y comprometido en la protección de los edificios históricos de la ciudad.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de otros edificios históricos en Alicante. La falta de una normativa clara y la inacción del Ayuntamiento pueden abrir la puerta a más demoliciones de inmuebles que, aunque estén catalogados, no cuentan con la protección efectiva que se esperaría. La comunidad alicantina se encuentra en un punto crítico, donde la preservación de su patrimonio arquitectónico se enfrenta a la presión del desarrollo urbano y la especulación inmobiliaria.
La demolición de la fachada de la Calle Segura no solo representa la pérdida de un edificio, sino también un símbolo de la lucha por la conservación del patrimonio cultural en Alicante. La respuesta de la ciudadanía y de las entidades defensoras del patrimonio será crucial para determinar cómo se manejarán futuras situaciones similares. La presión social y política puede ser un factor determinante para que el Ayuntamiento tome medidas más efectivas en la protección de su legado arquitectónico.
En este contexto, es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en la defensa de su patrimonio. La historia de Alicante está intrínsecamente ligada a sus edificios y su arquitectura, y la pérdida de uno de ellos es un recordatorio de la fragilidad de este legado. La comunidad debe unirse para exigir una mayor responsabilidad y compromiso por parte de las autoridades en la protección de su patrimonio cultural, asegurando que futuras generaciones puedan disfrutar de la riqueza histórica que la ciudad tiene para ofrecer.
